Al prófugo José Enrique Crousillat no le bastó haber burlado a las autoridades después de su “indulto presidencial humanitario”, sino que ahora apela a maniobras judiciales en el norte del país para intentar tomar el control de América Televisión.

Perú.21 ha podido documentar que, desde inicios de febrero, Crousillat ha venido realizando gestiones para obtener su cambio domiciliario en el distrito de Motupe, provincia de Lambayeque. Una vez “domiciliado” allí, el hoy prófugo presentó una medida cautelar exigiendo la administración del canal ante el Juzgado Mixto de Motupe, a cargo de Carlos Viteri Tena, un juez suplente a quien conocen en el norte por conceder medidas cautelares a diestra y siniestra.

Lo curioso del caso es que el cambio de vivienda planeado por Crousillat es solo por dos meses. Primero llegó, encontró una casa, la alquiló y logró que la Municipalidad de Motupe le otorgue su certificado domiciliario. Con todo eso, tuvo todo listo para apuntar judicialmente a la televisora.

EL ALQUILER. A fines de enero, cuando José Enrique Crousillat ya había sido fotografiado y filmado en aires veraniegos, se trasladó a Lambayeque y de allí, por carretera, a Motupe, a dos horas de Chiclayo. Una vez allí, Crousillat logró un acuerdo con una lugareña llamada Nelly Quiroz Gonzáles, dueña de una humilde vivienda de dos pisos, sin tarrajear y con un pequeño balcón, ubicada en la calle Emiliano Niño 149 (ver imagen del video).

Según el contrato que firmaron Crousillat y Quiroz, el entonces indultado debía pagar por el alquiler 300 soles mensuales, por los dos meses que duraba la vigencia del contrato, es decir, del 1 de febrero al 1 de abril. Presumiblemente, el tiempo suficiente que habría calculado Crousillat para sus gestiones judiciales por la tenencia de Canal 4.

El lunes 8 de marzo, Crousillat arribó a Motupe con otras dos personas, en una camioneta de lunas polarizadas. Con el contrato en mano, encargó a un allegado dirigirse al municipio, quien a las 10:10 a.m. pagó una tasa de 8 soles para, 35 minutos después, presentar el Formulario Nº 005908, en el que solicitaba el certificado domiciliario con la dirección de la calle Emiliano Niño, el inmueble que le había sido arrendado por la señora Quiroz. Sorprendentemente, en la comuna de Motupe todo se hizo de manera diligente.

TIEMPO RÉCORD. Casi al instante, dos funcionarios ediles fueron a la vivienda a efectuar la “inspección ocular” y constatar si, en efecto, el solicitante habitaba allí. A la 1:56 p.m., el jefe de la Unidad de Planeamiento y Catastro del municipio, Miguel Faya Guerrero, suscribió el Informe Nº 095-2010-DC-MDM, dándole el visto bueno a la constatación. Poco después, todo estaba resuelto. Aquella misma tarde, el propio Faya emitió, a nombre de Crousillat, la Constancia Nº 004-2010-DC-MDM.

DEMANDA ADMITIDA. Entonces, al día siguiente, martes, Crousillat se fue al Juzgado Mixto de Motupe y presentó la medida cautelar demandando que, “en el acto”, se le otorgue la administración de América Televisión. Según fuentes judiciales de Motupe, el juez suplente Viteri ya ha admitido la demanda y, el jueves último, se la habría concedido al hoy prófugo.

Quizás por ello el abogado de Crousillat, Jorge Castro Castro, dijo ayer que su defendido “obtendrá la administración del canal esté o no preso”.

Sin embargo, a mitad de la semana, el alcalde de Motupe, Javier Contreras Muñoz, anuló la constancia domiciliaria a favor de Crousillat debido a que habría advertido irregularidades en los trámites. Según dijo a Perú.21 el regidor Fernando Yanagui Castillo, la gestión fue irregular porque la constatación domiciliaria no fue realizada por el policía municipal, como correspondía, según los procedimientos establecidos, sino por el funcionario Faya.

Es decir, al igual que con el informe de la Junta Médica Penitenciaria que sustentó el indulto, esta vez, el cambio domiciliario –que es el sustento para obtener una medida cautelar– también se habría manejado a la medida del interesado.